12:53
A.C.
El Poder Judicial inaugurará en junio los nuevos juzgados y salas en asuntos contenciosos destinados a atender los asuntos vinculados a la Sunat y el Indecopi, anunció su titular, Enrique Mendoza Ramírez, quien también adelantó que para maximizar la eficiencia en la judicatura se trabaja en la identificación de 10 procesos recurrentes, los cuales podrán ser optimizados o eliminados mediante cambios de normatividad.
El Perú viene registrando importantes avances en materia económica y, en los últimos años, se ha constituido como el destino favorito para muchos capitales extranjeros. En ese escenario, ¿qué acciones prevén para garantizar la seguridad jurídica a las inversiones desde lo jurisdiccional?
Somos conscientes que un factor crítico para la competitividad de un país es el adecuado desempeño de su sistema judicial. Así, desde el inicio de esta gestión, en enero pasado, se viene trabajando sobre tres factores fundamentales mejorar la labor jurisdiccional, éstos son la equidad del sistema, la eficiencia del sistema y la predictibilidad del sistema. El primero es la medida en términos de transparencia, independencia e imparcialidad. En ese sentido, estamos convencidos que para que exista confianza en el sistema judicial, a la independencia que garantiza la Constitución hay que acompañarla con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que aseguren la imparcialidad de las actuaciones judiciales, evitando las demoras en el tiempo. Nuestra filosofía en este punto es sumamente pragmática. Lo que no se mide no se puede controlar. Y por ello estamos trabajando en el diseño de indicadores de la labor.
¿Cuáles serán esos indicadores a los que hace referencia?
En una primera etapa, que inicia hoy estaremos aplicando una serie de indicadores para medir y controlar la actividad de los juzgados y salas laborales que se rigen bajo el nuevo código procesal de esta especialidad. En una segunda etapa, en junio de este año, se comenzará la medición de la actividad de la especialidad comercial y antes de fin de año esperamos diseñar e implementar los indicadores de gestión para los juzgados y salas de familia y penal, en este último caso, donde esté vigente en el modelo procesal acusatorio. Pero estos mecanismos de medición serían vanos si no son accesibles y entendibles para cualquier ciudadano y para ello trabajamos, de forma paralela, en el diseño de un portal web donde el ciudadano podrá acceder, y por ende controlar, a toda la data vinculada a los indicadores en cuestión.
En el segundo factor, sobre la eficiencia del sistema, ¿qué debemos esperar?
Este factor está considerado en términos de rapidez y costo. Así, uno de los ejes claves será la simplificación de los procedimientos legales como forma de incrementar la eficiencia del sistema judicial y el acceso en tiempo y costos al mismo. Sobre el particular estamos trabajando en diversas líneas de acción. Entre ellas, continuar con el desarrollo del sistema de notificaciones electrónicas, iniciado por mi predecesor, y establecer, mediante reforma legal, su obligatoriedad. Luego, la identificación de 10 procesos recurrentes los cuales pueden ser optimizados o eliminados mediante cambios de normatividad interna, que se implementarán en junio; y, finalmente, la promulgación de la Ley de casación civil la cual esperamos enviar al Congreso este mes para su pronta aprobación.
¿La predictibilidad del sistema también será fundamental?
En efecto, la jurisprudencia juega en la práctica un papel muy importante en la delimitación del alcance de las normas. Por ello, en agosto de este año estaremos culminando una nueva versión del motor de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Suprema, además que alentaremos la realización del mayor número de plenos jurisdiccionales.
"El lema en mi gestión es que otro significado de justicia es la eficiencia."
Conflictos sociales
Desde el punto de vista jurisdiccional y los conflictos sociales, ¿qué acciones han sido adoptadas para agilizar estos casos que afectan la tranquilidad pública?
Sobre el particular tenemos que ser enfáticos, los jueces estamos preparados para juzgar cualquier situación de desmán social y quien sea una excepción asumirá las consecuencias de sus actos u omisiones ante la Ocma. Pero además, y esto es fundamental que la ciudadanía lo entienda, la titularidad de la acción penal recae en el Ministerio Público, los procesos penales son activados, exclusivamente, por la fiscalía que es la que debe denunciar al Poder Judicial delitos, lamentablemente comunes y pocos denunciados, como la toma de carreteras, que son el punto de inicio de los incidentes de violencia a los que refiere.
El Perú viene registrando importantes avances en materia económica y, en los últimos años, se ha constituido como el destino favorito para muchos capitales extranjeros. En ese escenario, ¿qué acciones prevén para garantizar la seguridad jurídica a las inversiones desde lo jurisdiccional?
Somos conscientes que un factor crítico para la competitividad de un país es el adecuado desempeño de su sistema judicial. Así, desde el inicio de esta gestión, en enero pasado, se viene trabajando sobre tres factores fundamentales mejorar la labor jurisdiccional, éstos son la equidad del sistema, la eficiencia del sistema y la predictibilidad del sistema. El primero es la medida en términos de transparencia, independencia e imparcialidad. En ese sentido, estamos convencidos que para que exista confianza en el sistema judicial, a la independencia que garantiza la Constitución hay que acompañarla con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que aseguren la imparcialidad de las actuaciones judiciales, evitando las demoras en el tiempo. Nuestra filosofía en este punto es sumamente pragmática. Lo que no se mide no se puede controlar. Y por ello estamos trabajando en el diseño de indicadores de la labor.
¿Cuáles serán esos indicadores a los que hace referencia?
En una primera etapa, que inicia hoy estaremos aplicando una serie de indicadores para medir y controlar la actividad de los juzgados y salas laborales que se rigen bajo el nuevo código procesal de esta especialidad. En una segunda etapa, en junio de este año, se comenzará la medición de la actividad de la especialidad comercial y antes de fin de año esperamos diseñar e implementar los indicadores de gestión para los juzgados y salas de familia y penal, en este último caso, donde esté vigente en el modelo procesal acusatorio. Pero estos mecanismos de medición serían vanos si no son accesibles y entendibles para cualquier ciudadano y para ello trabajamos, de forma paralela, en el diseño de un portal web donde el ciudadano podrá acceder, y por ende controlar, a toda la data vinculada a los indicadores en cuestión.
En el segundo factor, sobre la eficiencia del sistema, ¿qué debemos esperar?
Este factor está considerado en términos de rapidez y costo. Así, uno de los ejes claves será la simplificación de los procedimientos legales como forma de incrementar la eficiencia del sistema judicial y el acceso en tiempo y costos al mismo. Sobre el particular estamos trabajando en diversas líneas de acción. Entre ellas, continuar con el desarrollo del sistema de notificaciones electrónicas, iniciado por mi predecesor, y establecer, mediante reforma legal, su obligatoriedad. Luego, la identificación de 10 procesos recurrentes los cuales pueden ser optimizados o eliminados mediante cambios de normatividad interna, que se implementarán en junio; y, finalmente, la promulgación de la Ley de casación civil la cual esperamos enviar al Congreso este mes para su pronta aprobación.
¿La predictibilidad del sistema también será fundamental?
En efecto, la jurisprudencia juega en la práctica un papel muy importante en la delimitación del alcance de las normas. Por ello, en agosto de este año estaremos culminando una nueva versión del motor de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Suprema, además que alentaremos la realización del mayor número de plenos jurisdiccionales.
"El lema en mi gestión es que otro significado de justicia es la eficiencia."
Conflictos sociales
Desde el punto de vista jurisdiccional y los conflictos sociales, ¿qué acciones han sido adoptadas para agilizar estos casos que afectan la tranquilidad pública?
Sobre el particular tenemos que ser enfáticos, los jueces estamos preparados para juzgar cualquier situación de desmán social y quien sea una excepción asumirá las consecuencias de sus actos u omisiones ante la Ocma. Pero además, y esto es fundamental que la ciudadanía lo entienda, la titularidad de la acción penal recae en el Ministerio Público, los procesos penales son activados, exclusivamente, por la fiscalía que es la que debe denunciar al Poder Judicial delitos, lamentablemente comunes y pocos denunciados, como la toma de carreteras, que son el punto de inicio de los incidentes de violencia a los que refiere.
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