16:00
A.C.
Mediante la modificación del Código Tributario dada en julio, se otorga a Sunat una amplia discrecionalidad para decidir cuando los contribuyentes se encuentran en supuestos o incurren en elusión en el pago de tributos, lo cual genera una situación de inseguridad jurídica, la misma que podría ser considerada como inconstitucional, según lo consideró Silvia Cachay, especialista en derecho tributario.
Sustentó tal afirmación indicando que la modificación del código no ha establecido una definición clara y precisa de lo que debe entenderse por elusión, pues en la exposición de motivos del Ejecutivo se podría entrever que eso significa algo artificioso o impropio, pero se usa con el fin de obtener un ahorro o ventaja.
La norma al otorgar a la Sunat discreción para decidir en que casos una actividad económica que realiza el contribuyente es elusión (podrá determinar cuándo un negocio es artificioso o impropio) vulneraría un principio básico de legalidad, de la seguridad jurídica y reserva de ley, pues el contribuyente ahora no sabe en qué casos la Sunat lo va a cuestionar y sancionar, sostuvo.
La consecuencia de dicha seguridad, es que cada vez se van a llevar al Poder Judicial más casos que se presenten por reclamos contra la Sunat ante el Tribunal Fiscal.
Adicionalmente objetó, la elevación del costo de las medidas cautelares, al exigir a los contribuyentes el pago de una contracautela, exigencia que, anotó, busca facilitar a la Sunat el cobro de deudas, a pesar de que estas sigan siendo discutidas.
Sustentó tal afirmación indicando que la modificación del código no ha establecido una definición clara y precisa de lo que debe entenderse por elusión, pues en la exposición de motivos del Ejecutivo se podría entrever que eso significa algo artificioso o impropio, pero se usa con el fin de obtener un ahorro o ventaja.
La norma al otorgar a la Sunat discreción para decidir en que casos una actividad económica que realiza el contribuyente es elusión (podrá determinar cuándo un negocio es artificioso o impropio) vulneraría un principio básico de legalidad, de la seguridad jurídica y reserva de ley, pues el contribuyente ahora no sabe en qué casos la Sunat lo va a cuestionar y sancionar, sostuvo.
La consecuencia de dicha seguridad, es que cada vez se van a llevar al Poder Judicial más casos que se presenten por reclamos contra la Sunat ante el Tribunal Fiscal.
Adicionalmente objetó, la elevación del costo de las medidas cautelares, al exigir a los contribuyentes el pago de una contracautela, exigencia que, anotó, busca facilitar a la Sunat el cobro de deudas, a pesar de que estas sigan siendo discutidas.
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